 |
|
| Tutela legal |
|
|
|
|
La Arquidiócesis de San Salvador a través de su historia ha buscado responder a los grandes desafíos que la realidad salvadoreña presenta en materia de derechos humanos. La promoción y defensa de los derechos humanos han sido parte fundamental de dicha respuesta y para cumplir con ella el 3 de mayo de 1982, Mons. Arturo Rivera Damas, recordado Arzobispo Metropolitano de San Salvador, creó Tutela Legal del Arzobispado, como instancia arquidiocesana encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos, nombrando para ello a la Dra. María Julia Hernández, cargo que desempeñó hasta su muerte el 30 de marzo de 2007. El mandato de Tutela Legal del Arzobispado se enmarca en el derecho de los derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos, en la Constitución y leyes secundarias del país. También se enmarca dentro de los planes pastorales creados por la Arquidiócesis de San Salvador. Para el caso el Plan Pastoral Arquidiocesano correspondiente al período 1998-2003 establecía el deber de "desarrollar una pastoral de derechos humanos según la doctrina social de la Iglesia, para promover y defender la dignidad de la persona como imagen de Dios, instaurando así una cultura de reconciliación, justicia y paz". En el nuevo Plan Pastoral Arquidiocesano correspondiente al período 2005-2010, elaborado bajo el mandato de Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, Arzobispo Metropolitano de San Salvador, se establece como Objetivo General “Hacer de la Iglesia Arquidiocesana una comunidad de discípulos y misioneros, que haga presente el Reino de Cristo en la sociedad para transformarla y que ofrezca a todas las personas los medios para alcanzar la salvación eterna” . Y como específico de evangelización: "Impulsar con todos los fieles laicos una incesante labor evangelizadora integral, sistemática y liberadora que, con especial atención a los más pobres, comprometa a la comunidad de creyentes a transformar el mundo" . El Plan Pastoral, asimismo, señala como uno de los proyectos de pastoral social “Difundir la doctrina social de la Iglesia en diversos sectores de la sociedad y promover los derechos humanos con el apoyo de las instancias de la Arquidiócesis…” Tutela Legal asume desde su labor de investigación, asistencia jurídica, educación e incidencia social, este mandato del Plan Pastoral Arquidiocesano 2005-2010. En este sentido, la Iglesia Salvadoreña a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia ha orientado su trabajo en la promoción y liberación de la persona humana ya que, como dice la Exhortación Apostólica Postsinodal Ecclesia in América No. 57, "todo atropello a la dignidad del hombre (y la mujer) es atropello al mismo Dios, de quien es imagen" (…) por lo tanto "Esta dignidad es común a todos los hombres ( y mujeres) sin excepción, ya que todos han sido creados a imagen de Dios" (Cf. Gn. 1,26). En los últimos años Tutela Legal ha venido participando en un esfuerzo continental impulsado por el Consejo Episcopal Latinoamericano -CELAM- de promover y desarrollar la pastoral de derechos humanos. Proceso en el que Tutela Legal ha sido protagonista. El documento de Santo Domingo en el numeral 168 destaca entre las líneas pastorales: “promover de modo mas eficaz y valiente, los derechos humanos, desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia”.
La estructura organizativa de Tutela Legal tiene como autoridades el Arzobispo de San Salvador, los Vicarios Episcopales, el Vicario de Promoción Humana y el Director Ejecutivo de Tutela Legal. La máxima autoridad es el Arzobispo de San Salvador en funciones. La parte ejecutiva y operativa consiste de las siguientes instancias y áreas: • Dirección de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Área Jurídica. a) El primer componente lo constituye la investigación de violaciones a los derechos humanos. Tutela Legal se caracteriza por impulsar investigaciones profesionales, imparciales y exhaustivas de diversos hechos violatorios ocurridos en el territorio nacional, actividad que ha permitido sacar a luz pública las violaciones cuyos autores han pretendido dejar en la impunidad. Igualmente se caracteriza por desplazarse a cualquier punto del territorio nacional para investigar, por denuncia o de oficio, cualquier violación a los derechos humanos, tomando testimonios y obteniendo evidencias que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de todo caso de violación a los derechos humanos; acción que es de vital importancia no sólo para la obtención de primera mano de los elementos que sustentan un caso sino por el apoyo que se les brinda a las víctimas y por el contacto directo que se logra con las mismas para la orientación de las primeras acciones a seguir en la reclamación de justicia. Toda esta labor investigativa se sistematiza en informes los cuales se convierten en una valiosa fuente de información para la defensa, protección y análisis de la situación de los derechos humanos, información que se utiliza tanto a nivel nacional como internacional, principalmente en los órganos de la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas y de ONG internacionales que le dan seguimiento a la situación de los derechos humanos y a las obligaciones jurídicas contraídas por el Estado Salvadoreño. b) El segundo componente lo conforma el acompañamiento, la asistencia o representación jurídica de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y en general de toda víctima de violación al derecho a una pronta y cumplida justicia. Como ya se mencionó, en la actualidad uno de los principales desafíos es lograr que la institucionalidad del Estado creada o reformada luego de los acuerdos de paz, realmente trabaje en función de brindar justicia a la población salvadoreña tanto para la que fue víctima de hechos atentatorios en el pasado, producto de la guerra y de la sistemática violación a los derechos humanos que en ese marco se dio, como para las víctimas en el presente. En la actualidad las instituciones del Estado encargadas de la administración de justicia no operan correctamente y en muchos casos se cometen aberraciones jurídicas para cubrir con impunidad las violaciones a los derechos humanos según sus intereses. Esta circunstancia deja abierto el camino a la utilización de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a futuro esperamos también lo sea el Tribunal Penal Internacional, como tribunales de algún otro país que juzgue aplicar la jurisdicción penal internacional; en ese sentido, la utilización de estos mecanismos internacionales son un elemento más que contribuyen a la realización de los ideales de pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos y un desafío para las instituciones de derechos humanos. c) El tercer componente es la incidencia con otros organismos de derechos humanos, para realizar acciones conjuntas de lucha contra la impunidad procurando el juzgamiento de violadores de Derechos Humanos; incidir para que el Estado Salvadoreño se adhiera y ratifique el Estatuto de Roma y se continúe la construcción del monumento a la memoria de víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos.
a) El primer componente del área de educación es la capacitación y organización en derechos humanos, con el objetivo de incorporar estrategias jurídicas para la defensa de los derechos humanos, fortalecer, consolidar e incrementar la organización de las comunidades a fin de lograr una mayor incidencia local, regional y nacional. El trabajo de esta área pretende, precisamente, dotar a la población del conocimiento de los derechos humanos, para que puedan, dentro de las más variadas circunstancias, exigir de las instituciones competentes la satisfacción y tutela efectiva de sus derechos. De esta manera se pretende, a través del área de educación, dar un aporte eficaz a la erradicación de las prácticas violatorias de los derechos humanos. Se trabaja en lo que concierne a la creación de Comisiones Parroquiales de Derechos Humanos cuyas labores están enmarcadas por tres etapas: una fase de contactos con parroquias; la formación propiamente dicha de los agentes pastorales; y la consolidación de Comisiones Parroquiales. En este campo de trabajo, la experiencia nos dicta que un aspecto fundamental es precisamente el seguimiento brindado a las Comisiones ya consolidadas, seguimiento que permite la animación de estos procesos, el asesoramiento y el refuerzo de conocimientos jurídicos en la búsqueda de estos actores por hacer efectivos los derechos humanos en sus comunidades y en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas sociales que afrontan. La demanda de tareas de educación propiamente dichas, y de seguimiento a procesos, nos exige no sólo buscar el mantenimiento de esta área de trabajo sino también su refuerzo, objeto también del presente proyecto. b) El segundo componente lo conforman los medios de comunicación social, en el cual se busca lograr que la población se apropie del espacio para la formación, información y denuncia de las violaciones a los derechos humanos desde las comunidades. c) El tercer componente del área educativa lo conforma el apoyo educativo a sectores sociales, con el que se busca acompañar a estos sectores desde la capacitación, en sus esfuerzos por conocer y defender los derechos humanos.
El Área administrativa brinda soporte logístico y gestiona un conjunto de actividades indispensables para que cada una de las áreas de la institución funcione con efectividad. Se integra de cinco actividades: • Administración general. Se encarga de la coordinación administrativa; del control y desarrollo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos; y de la formulación y gestión de proyectos.
|