El Arzobispado de San Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), dando continuidad a nuestra alianza en favor del derecho humano al agua, a los diputados y diputadas de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y a la sociedad salvadoreña general, expresamos:
El próximo 29 de marzo se cumplirá un año de que la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime la prohibición de la minería metálica en El Salvador, el consenso alcanzado por las diferentes fracciones legislativas en favor de la protección del medio ambiente y en especial el agua, fue valorado como un signo positivo por la población salvadoreña.
Nos genera enorme preocupación que al celebrar esta importante victoria y el conmemorar un año más del Día Mundial del Agua, El Salvador siga creciendo de un adecuado marco regulatorio en materia hídrica y que las discusiones a interior de la Asamblea Legislativa aún no han logrado el necesario consenso para aprobar una ley que se vuelve cada más necesaria para la protección, conservación y adecuada gestión de agua nuestro país. La falta de avances en el proceso de discusión y aprobación de esta ley no es neutra, tiene implicaciones perjudiciales, se traduce en un obstáculo real para la progresión en una gestión mucho más apropiada, estratégica y eficaz, y entretanto tal vacío permanece, el deterioro de los recursos hídricos continúa su curso.
Junto con diversas organizaciones y amplios sectores de la sociedad civil reconocemos al agua como fuente de vida y como bien público, cuyo acceso constituye un derecho humano fundamental y una indelegable obligación del Estado para garantizarlo de forma equitativa, eficiente y sostenible a todos y todas sin exclusión.
Reconocemos además que sin agua suficiente y de buena calidad, y sin un manejo integral con enfoque de cuenca, no habrá posibilidad de desarrollo para nuestro país, ni bienestar para la población.
Se ha conocido que la falta de acuerdos sobre el tema de institucionalidad, especialmente lo referido a la rectoría de aguas, ha sido un obstáculo para la aprobación de una LEY GENERAL DE AGUAS durante los últimos 12 años.
Frente a este reto, el Arzobispado de San Salvador y la PDDH respaldamos y acompañamos la Propuesta de Institucionalidad para la Regulación Pública de Aguas con Participación Ciudadana, elaborada por la UCA. Dicha propuesta plantea como entidad rectora a una autónoma denominada Autoridad Nacional de Aguas (ANA) con una Junta Directiva predominantemente estatal, pero con participación ciudadana. Por la complejidad de la problemática del recurso hídrico en nuestro país, la propuesta establece además la creación de un Consejo Nacional de Aguas (CNA) como espacio de participación amplia de la ciudadanía y de los diferentes sectores socio-económicos a nivel nacional. Finalmente, nuestra propuesta crea las Redes Zonales de Comités de Cuenta para garantizar la participación comunitaria en la gestión integrada del agua a nivel local.
La citada propuesta se basó en un amplio proceso de consulta entre los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, y aspira ser un aporte para superar los actuales obstáculos para construir consensos en la búsqueda de soluciones a la crisis hídrica que amenaza el futuro de nuestra nación.
San Salvador, 22 de marzo de 2018