El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas junto a los Obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), representantes de Iglesias históricas, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y colectivos participaron en una movilización pacífica desde Catedral Metropolitana hacia la Asamblea Legislativa con el objetivo de presentar 200 mil firmas para pedir a los diputados la aprobación de una ley general de aguas y que se reconozca el derecho humano al agua en el artículo 2 de la Constitución de la República.
A continuación el comunicado de prensa al que dio lectura el Arzobispo de San Salvador.
EL AGUA ES VIDA Y UN DERECHO UNIVERSAL
“[…] el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.” (Papa Francisco. Encíclica Laudato Sí, n.30)
Sres. y Sras. Diputados:
San Romero; hace 39 años, en una de sus homilías nos dijo: “[…] Es espantoso oír por todas partes que […] el aire se está corrompiendo, que no hay agua, que hay regiones […] donde el agua apenas llega por minutos y a veces nada, que los mantos de agua se están secando, que ya aquellos ríos pintorescos de nuestras montañas han desaparecido. La alianza del hombre con Dios no se está cumpliendo porque el hombre es el Señor de la naturaleza y se está convirtiendo en un explotador de la naturaleza”. (Homilía 3/06/1979 Mons. Romero)
Providencialmente; haciendo reflexión sobre lo que hace ya tantos años nos dijo nuestro Santo; al encontrarnos, este 27 de septiembre de 2018, en la gran concentración por la defensa del agua, venimos ante ustedes como pueblo desde los distintos rincones del país, venimos convocados por la Iglesia Católica, iglesias históricas, iglesias evangélicas, organizaciones sociales, universidades, comunidades, y parroquias, unidos y unidas por la defensa del agua.
Desde hace más de una década el pueblo les ha exigido la urgente necesidad de que se apruebe la Ley General de Aguas y que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento reconociéndolo en la Constitución de la República.
El pueblo salvadoreño ya está cansado de su falta de compromiso y voluntad para legislar sobre el agua. Como saben, nuestro país atraviesa una profunda crisis medioambiental que impacta directamente en una crisis del agua; crisis reconocida y científicamente documentada que nos afecta a todos los salvadoreños, pero mucho más a las personas en condiciones de pobreza, especialmente las mujeres, niños, niñas y ancianos.
Como parte de nuestro compromiso ético, político y cristiano y ante la exhortación de nuestro Señor “Pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá” (Mateo 7,7), venimos a presentarles miles de firmas en las que la población se ha expresado para que se reconozca al agua como un derecho humano y para que ustedes, como referentes del Estado, escuchen este clamor y lo plasmen de una vez en el artículo 2 de la Constitución de la República.
En el nombre de Dios y del soberano pueblo salvadoreño, en una sola voz, les pedimos que aprueben la propuesta de Ley General de Aguas presentada en el 2012 por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta propuesta de ley recogió la propuesta del movimiento social, que garantiza el enfoque de cuenca y que el agua se administre sin fines de lucro. Pedimos también que se incorpore al anteproyecto del MARN la propuesta de institucionalidad presentada por la UCA, el Arzobispado de San Salvador y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en agosto de 2017, que garantizaría que el agua esté en manos del Estado y propicie la participación ciudadana.
No dejen que nuestro pueblo muera de sed. Sí así lo hacen el pueblo los premiará y si no lo hacen, será este mismo pueblo quien los demandará y juzgará por haber atentado contra sus derechos más fundamentales para la vida y la paz.
Diputados y diputadas: ¡Cumplan con su deber!
CARTA A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
San Salvador, 27 de septiembre de 2018.